La gestión del riesgo no es una respuesta al desastre: es la decisión política de no esperarlo.
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Leer columna completa →La gestión del riesgo como política de Estado: obligaciones constitucionales de los entes territoriales
La Ley 1523 de 2012 no es una recomendación: es una obligación legal que vincula a todos los niveles del Estado colombiano. Los alcaldes y gobernadores tienen responsabilidades concretas e intransferibles en materia de gestión del riesgo que van más allá de la respuesta a emergencias.
¿Por qué los municipios costeros son los más vulnerables? Una mirada desde el ordenamiento territorial
La confluencia de amenazas hidrometeorológicas, la fragilidad del ordenamiento territorial y las condiciones socioeconómicas configuran un escenario de riesgo acumulado en la Costa Caribe que requiere respuestas estructurales, no coyunturales.
La educación para la gestión del riesgo: un imperativo pedagógico que no puede seguir siendo optativo
Incorporar la gestión del riesgo como eje transversal en los Proyectos Educativos Institucionales no es una decisión pedagógica discrecional: es una responsabilidad ética y legal con las comunidades educativas que habitan territorios expuestos.
Cambio climático y gestión del riesgo en el Caribe colombiano: la urgencia de una agenda integrada
El aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos en la Costa Caribe exige que la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático dejen de tratarse como agendas paralelas y se integren en una sola política territorial.
Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo: entre el mandato legal y la realidad operativa
La Ley 1523 de 2012 creó los CMGRD como instancias de coordinación interinstitucional. Sin embargo, en la mayoría de municipios de la Costa Caribe su funcionamiento efectivo sigue siendo uno de los principales desafíos para la implementación de una política local de gestión del riesgo.
La comunidad como sujeto activo de la gestión del riesgo: más allá del enfoque asistencialista
Reducir el papel de las comunidades a receptoras pasivas de ayuda humanitaria perpetúa la vulnerabilidad. La construcción de capacidades locales, el conocimiento del territorio y la participación activa en la planificación son condiciones indispensables para una gestión del riesgo sostenible y efectiva.